“El Estado no
está autorizado a evitar el daño propio convirtiendo una conducta privada en
ilícita y punible”. Esta frase que utiliza Gomà en este ensayo, es un tema muy recurrente a debatir.
Ciertamente el
Estado tiene “la obligación” de proteger nuestra seguridad y de sancionarnos
por la realización u omisión de ciertas accciones que la vulneren. Pero, según
Gomà, este poder frecuentemente se extralimita y se convierte en una forma de
totalitarismo, en la que el Estado posee un control absoluto.
Si las leyes
tienen por objetivo regular ciertas relaciones interpersonales, la imposición
del cinturón de seguridad tendría que verse como una manera de propasar estos
objetivos, ya que busca la protección del individuo en particular. Lo mismo
sucede con el consumo de drogas o el intento de suicidio. En principio no vemos
que pueda haber ninguna relación interpersonal que proteger.
Pero ¿es esto
cierto? Realmente, si nos detenemos a reflexionarlo nos podemos dar cuenta de
que afectan a terceras personas. Si fallecemos en un accidente de tráfico, por
no llevar puesto el cinturón de seguridad, ¿no afectaría esto a nuestros
familiares y amigos?
Vivimos
encasillados en una sociedad concreta y nuestra vida es la configuración de las
relaciones con nuestros semejantes. Por lo tanto, no podemos establecer con
exactitud el límite entre lo que afecta
a nivel individual y lo que no. Es por eso, que deberíamos concienciarnos de
que la mayoría de nuestras decisiones afectan a terceros.
En definitiva,
el Estado hace muy bien regulando estas actuaciones ya que, muchas veces,
incluso nosotros mismos no nos damos cuenta de que perjudicamos al prójimo con
nuestras acciones. Por ello, es necesario un organismo exterior que normalice
estas conductas, siempre y cuendo, no pierda como primordialidad la búsqueda
del bien común.